Madrid inicia el pago de las ayudas directas a pymes aprobadas en marzo

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La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avanzó hoy que el Gobierno regional ha empezado a pagar esta semana las ayudas directas aprobadas en marzo en el Consejo de Ministros para empresas y autónomos cuya actividad se ha visto afectada por las restricciones sanitarias impuestas para mitigar la pandemia del coronavirus. Durante su participación en la clausura de la Asamblea anual de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, Ayuso ha asegurado: “Somos la primera región que está ejecutando este necesario programa, y ya hay más de 8.500 autónomos recibiendo apoyo”.

La Comunidad de Madrid ha comunicado en una nota de prensa que, desde que comenzó la pandemia, ha aprobado 1.100 millones de euros en ayudas directas, de los cuales ya se han ejecutado más de 180. En el caso de las ayudas directas del Estado, el lunes se dio luz verde al pago a 8.556 empresas madrileñas, con un importe medio es de 3.000 euros. El total de las primeras solicitudes abonadas alcanza los de 25,62 millones de euros, del total de 679 millones que Hacienda ha inyectado a Madrid. La Comunidad de Madrid aportará además 220 millones de euros adicionales al paquete del Gobierno central.

De momento, las ayudas las están acaparando con fuerza los taxistas, que suponen el 83% de los beneficiarios. Les siguen los empresarios de hostelería, con un 4,58% del total de subvenciones concedidas; el pequeño comercio, con el 2,48%; y las peluquerías y centros de estética, con 1,59% del total.

Madrid se convierte así en la primera Comunidad en comenzar a desembolsar las ayudas del plan de 11.000 millones de euros de refuerzo de la solvencia empresarial que el Gobierno central aprobó a comienzos del mes de marzo, y que incluían 7.000 millones de euros en ayudas directas que serían gestionadas por las comunidades autónomas. Los trámites burocráticos que han acompañado todo el proceso han venido retrasando su puesta en marcha y las pymes siguen esperando a recibir el dinero en todas las demás comunidades autónomas.

Para cobrarlas, el requisito básico es haber perdido un 30% de la facturación durante la pandemia. El objetivo es tratar de evitar una oleada de quiebras por el alargamiento de la crisis del Covid.

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