Los concursos siguen al alza a la espera de la gran crecida en 2022

Los concursos de acreedores siguen una senda de crecimiento que se irá incrementando en el segundo semestre y más en 2022, sobre todo en los sectores más afectados por la pandemia como son la hostelería y el comercio. Así lo creen economistas y registradores a la vista de los últimos datos hechos públicos ayer. El número de deudores concursados en el segundo trimestre de 2021 fue de 2.620, un 85% más respecto al mismo periodo del año pasado, según la estadística de Registradores de España. En tasa trimestral, la variación con respecto al primer trimestre fue de un -6,4%. En el comercio crecieron las empresas concursadas un 19,3%; en la construcción, un 16%; y en la hostelería, un 15,9%, entre abril y junio.

Para José Miguel Tabarés, vicedecano de Registradores de España, al igual que para Juan Carlos Robles, presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor), lo válido es comparar los datos de este año con los de 2019 ya que el año pasado fue totalmente atípico. Y al hacerlo “se ve una imagen mucho más real, en la que el número de concursos muestra una marcada senda alcista, aunque algo más moderada”, declara Tabarés.

Las cifras, además, están condicionadas en extremo por la moratoria fijada por el Gobierno: desde abril de 2020 y hasta el próximo 31 de diciembre está suspendida la obligación de pedir concurso en caso de insolvencia y establece la inadmisión de las solicitudes presentadas por acreedores. Si con la moratoria en vigor han crecido los concursos (los voluntarios o solicitados por el deudor, un 4,5% más que en el segundo trimestre de 2020), “creemos que el año que viene se producirá una avalancha y que también habrá muchos más a partir de septiembre”, asegura el presidente del Refor. El vicedecano de Registradores de España coincide en que habrá un gran crecimiento de los concursos “sobre todo en aquellos sectores más golpeados por la crisis sanitaria”.

Significativos son, asimismo, los datos definitivos del cuarto trimestre de 2020 publicados ayer por el INE: los deudores concursados fueron 2.987 y en tasa anual aumentaron un 5,8%, lo que demuestra que los últimos meses del año, como apunta Robles, son los más proclives a la presentación de concurso ante la proximidad del cierre del ejercicio.

Juan Carlos Robles afirma que “el Gobierno sabe que se va a producir una gran subida en el número de concursos y por eso está elaborando la nueva ley concursal con cierta celeridad”. El Consejo General de Economistas ha criticado que el periodo de audiencia pública del anteproyecto de ley dure solo 15 días, del 5 al 25 de agosto, y que se haya fijado en plenas vacaciones. “La tramitación de una ley es larga y se pretende que ya esté vigor en enero de 2022 para suceder inmediatamente a la moratoria”, señala Robles.

En cualquier caso esta nueva ley, consecuencia de la obligación de trasponer la directiva europea sobre insolvencias, ha generado muchas expectativas para disminuir el número de concursos y las liquidaciones de empresas. En torno al 90% de los concursos acaban en liquidación, después de una duración media del proceso de cuatro años La norma aspira a evitar esta “agonía” empresarial y dar viabilidad a empresas en dificultares.

En el anteproyecto, elaborado entre los Ministerios de Asuntos Económicos y Justicia, se establece todo un mecanismo preconcursal y de apoyo a los acuerdos previos. Se crean sistemas para no llegar al concurso, de forma que se eviten liquidaciones mejor y se descongestionen los juzgados mercantiles. En España solo se producen al año unos 200 casos de acuerdos homologados por el juez, lo que da idea del poco funcionamiento de la llamada fase preconcursal. Esta durará hasta doce meses (ahora son cuatro).

Otro de los objetivos clave del anteproyecto es facilitar la reestructuración de la empresa insolvente. Para ello establece que los acreedores que, por orden de prelación, no estén condiciones de entrar en el reparto del activo de la empresa concursada no tendrán voto a la hora de decidir sobre una reestructuración y rebaja al 51% el umbral de aprobación entre acreedores para dicha reestructuración, Además, rebaja la capacidad de los accionistas para bloquear una recapitalización de deudas, que ahora tienen que aprobar.

Se desarrollará igualmente un procedimiento abreviado o simplificado para procesos menos complejos y se dotará a la administración concursal de más poderes, entre ellos subsanar los errores del listado de acreedores, una de las causas más frecuentes de incidentes y de retraso en los procedimientos.