Batería de medidas para fomentar políticas de vivienda

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana prepara una batería de medidas, sostenidas con 5.520 millones de euros, para fomentar políticas de vivienda. La ministra Raquel Sánchez ha anticipado esta tarde en la Comisión de Transportes del Congreso que llevará en octubre al Consejo de Ministros el nuevo Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, donde estarán incluidas distintas iniciativas.

El Gobierno ultima la liberación de 510.000 actuaciones de rehabilitación residencial con un total de 2.970 millones de euros. Otros 1.000 millones irán a la construcción de 20.000 viviendas para alquiler social; se articularán avales por 1.100 millones para las comunidades de propietarios, y 450 millones en deducciones fiscales

De forma paralela, el Ministerio que lidera Sánchez tiene previsto encauzar la aprobación de la nueva Ley de Vivienda; el Real Decreto-ley para impulsar la rehabilitación y la promoción de vivienda en alquiler, en el contexto del plan de recuperación de la economía; un Real Decreto por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación y vivienda social, y el anteproyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura y del entorno construido.

Raquel Sánchez ha reiterado la necesidad de acordar un marco de financiación para la conservación de carreteras de alta capacidad y ha vuelto a señalar que el Gobierno trabaja en la creación de un sistema de tarificación homogéneo desde el punto de vista territorial. La ministra cifró en 300 millones anuales el déficit inversor del Gobierno en el mantenimiento de carreteras entre 2012 y 2017.

Desde la bancada popular, el diputado Andrés Lorite ha criticado el momento elegido, marcado por la crisis sanitaria y económica, para lanzar este tipo de iniciativas. y la respuesta del Grupo Socialista, expresada por César Ramos, ha dicho que el PP ya pensó en los peajes durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy e incluso en extender el pago por uso en las autopistas con vencimiento del plazo de explotación.

Los grupos políticos en el Congreso han demandado múltiples explicaciones a la ministra de Transportes sobre el parón del macroproyecto de ampliación de El Prat. Y en su respuesta, Sánchez se ha referido a “discrepancias” en el seno del Govern catalán como detonante de la decisión. “Lamento como ministra y como catalana que se haya producido esta situación”, ha reconocido.

Respecto a la oposición a la iniciativa de la parte de Unidas Podemos en el Gobierno, Raquel Sánchez ha señalado que los estudios de impacto ambiental iban a acometerse con máximo rigor y existía un plan de mayor protección para el área de La Ricarda.