La Inspección de Trabajo ha impuesto 5.832 sanciones por fraudes en los ERTE

La Inspección de Trabajo ha detectado y sancionado más de 5.000 casos de fraude en la aplicación de los expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE), la herramienta clave con la que el Gobierno ha amortiguado el impacto de la pandemia en el mercado laboral español y que llegó a cubrir a 3,5 millones de trabajadores en abril de 2020.

En concreto, según el organismo ha incoado 44.393 expedientes, de los que están ya finalizados 35.190 y han culminado con resultados sancionadores, por irregularidades de diferentes tipos, 5.832, según ha informado este martes la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al presentar la nueva estrategia de inspección para los próximos años.

Se trata del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el periodo 2021 a 2023 que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros bajo el título “Hacia un nuevo modelo de Trabajo y Seguridad Social”, que asevera que el objetivo es adaptar la fiscalización de las prácticas laborales tras una pandemia que “ha cambiado de modo drástico el escenario social y laboral”, para evitar “un retroceso de los derechos” de los trabajadores.

“Hoy aprobamos el Plan Estratégico para modernizar la Inspección de Trabajo, un organismo clave para la defensa de los derechos laborales, que espero que sea uno de los legados más importantes del gobierno progresista”, ha defendido la vicepresidenta Díaz al presentar el plan en la rueda posterior al Consejo de Ministros.

“No basta con tener buenas normas, hay que garantizar que las normas se cumplan, y el pulmón que lo permite se llama Inspección de Trabajo”, ha aseverado Díaz, prometiendo que el sistema “cambia el paradigma” del sistema y permitirá anticiparse al fraude masivo en el mercado laboral, en lugar de centrarse básicamente en los registros de la Seguridad Social como se venía haciendo hasta ahora.

El Ministerio ha avanzado que busca modernizar todo el modelo de inspección laboral para impulsar el uso del big data y las nuevas tecnologías, así como establecer pautas de control a nuevos modelos de negocio digitales. Se incorporarán además nuevos perfiles de inspección para vigilar comportamientos como el aumento de la movilidad laboral, el trabajo en plataformas digitales, el comercio electrónico, las cadenas globales de suministro o las nuevas condiciones de trabajo.

“El plan contempla profundas mejoras estructurales y operativas, que reforzarán y ampliarán el peso de la actuación inspectora en el proceso de recuperación”, ha expuesto Díaz. En paralelo, el programa incluye la creación de una Oficina Estatal de Lucha Contra la Discriminación, a fin de combatir discriminaciones por género, condición sexual o discapacidad, así como la edad, que Díaz ha calificado como el problema más común a partir de los 45 años de edad.

También se perseguirán las llamadas “empresas buzón” radicadas en España y que operan en otros países de la Unión Europea, o viceversa, a través de la Unidad especial centrada en la Lucha Contra el Fraude en el Trabajo Transnacional. La inspección pondrá además a disposición de la ciudadanía un nuevo canal de denuncias, en paralelo al buzón actual, que permita entregar de forma electrónica toda la documentación requerida para una denuncia por una misma vía.