Dudas sobre la eficacia del retraso de la edad efectiva de jubilación para la sostenibilidad del sistema

Una de las principales apuestas del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para aumentar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones a medio y largo plazo es acercar la edad efectiva de jubilación (edad media real a la que se retiran los españoles y que está fijada ahora en 64,5 años) a la edad legal de jubilación (66 años en 2021 para quien haya cotizado menos de 37 años y 3 meses o 65 para quien haya cotizado más). Según repite incansablemente Escrivá, lograr que la edad efectiva se acerque a la legal sería “la herramienta más potente” de sostenibilidad de las pensiones.

Para ello, el Gobierno con Escrivá al frente ha decidido incluir, entre todas las nuevas medidas de la primera fase de la reforma de pensiones que ya se tramita en el Parlamento, varias iniciativas para, por un lado, penalizar más determinadas jubilaciones anticipadas voluntarias para desincentivarlas y, por otro lado, crear nuevos incentivos para la demora del retiro una vez cumplida la edad real de jubilación. Con esta combinación pretende que el efecto sea el retraso citado de la edad efectiva a la que se retiran los españoles, dado que, en teoría, eso supondría un ahorro para el sistema: más tiempo cotizando y menos cobrando pensión. Pero esta ecuación no es tan simple, ya que hay otros efectos colaterales, como el incremento de la cuantía de la pensión para quienes coticen más.

Por ello, los datos actuariales podrían contradecir los planes del ministro. Un trabajo reciente elaborado por el grupo de investigadores del Observatorio del Sistema Público de Pensiones de las Universidades de Valencia y Extremadura analiza las medidas que el Ejecutivo quiere sacar adelante para la sostenibilidad del sistema. Y la principal conclusión de este trabajo es que, “tras analizar los efectos del aumento de la edad efectiva de jubilación de forma genérica, se llega a la conclusión de que, en general, se sobrevalora su impacto sobre el gasto en pensiones”.

Así, este cálculo indica que, con los nuevos coeficientes reductores y la nueva fórmula de cálculo sobre la pensión tras aplicar el límite de la base máxima en las anticipadas voluntarias –incluidos en la reforma de pensiones que se tramita en el Parlamento–, el aumento de un año de la edad efectiva de jubilación supondría el ahorro de apenas un 1% en el gasto en pensiones.

La paradoja es que las nuevas medidas citadas que se aplicarán en la reforma de las pensiones están pensadas para retrasar la edad efectiva de retiro, pero si se hace este mismo cálculo con la legislación actual, sin aplicar las medidas de Escrivá, el ahorro, aun siendo escaso, sería algo mayor, del 1,8%. Es más, si este cálculo de postergar un año la edad efectiva de retiro partiendo de las medidas de la reforma en marcha se hace solo sobre el colectivo de jubilados anticipados, algo que resultaría más realista, según estos investigadores, la nueva legislación que promueve el Ejecutivo supondría incluso un incremento del gasto en pensiones del 2,4% frente al 0% con la normativa actual.

Para llegar a estas conclusiones, este equipo ha tomado la información que proporciona la Muestra Continua de Vidas Laborales de 2019; y, a efectos metodológicos, ha utilizado el valor actual actuarial (VAA) de las pensiones esperadas a lo largo de toda la vida del jubilado. Según esto, los autores de este estudio –entre los que están los expertos en pensiones Enrique Devesa (Universidad de Valencia e Ivie) o Inmaculada Domínguez (Universidad de Extremadura)– explican que “sí es cierto que el año en el que se produce la demora en el acceso a la jubilación hay un ahorro evidente en términos de caja, pero ello se compensará en los ejercicios siguientes dado que la jubilación más tardía se producirá con menores penalizaciones y, por lo tanto, con pensiones mayores”.

Otra cosa sería que el retraso de un año se produjera sobre la edad legal de jubilación. En ese caso, el ahorro para el sistema, aplicando la reforma de las pensiones, sería del 5,69%, y si no se aplicara y se tuviera en cuenta la legislación actual, del 5,77%.