España padece «insuficiencias en la infraestructura institucional vigente»

Algo que lastra la evolución de la economía, según denuncia la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) en el número 168 de Papeles de Economía Española, La calidad de las instituciones y la economía española, publicado. El editorial que inicia este ensayo señala que España cuenta, en comparación con los países avanzados de nuestro entorno, un exceso normativo, mientras que la rendición de cuentas y la capacidad de las administraciones públicas para encarar la resolución de problemas nuevos son catalogadas como deficientes. En definitiva, «fallos institucionales» en el ámbito público, según este think-tank.

Todas estas anomalías surgen del sistema político, aunque no repercuten en la calidad de nuestra democracia, señala Funcas. El informe apunta: «la regulación defectuosa y en exceso prolija, la fragmentación del mercado entre territorios, las cargas burocráticas y la ineficiencia y falta de independencia del sistema judicial se representan factores de freno del dinamismo de los intercambios representan altos costes de transacción».

Funcas analiza después el papel del Gobierno durante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del coronavirus: «algunos fallos institucionales se hicieron particularmente visibles», como las compras centralizadas de material sanitario y respiradores, así como la puesta en marcha del ingreso mínimo vital y los ERTE.

De cara al futuro y la recuperación económica y el papel que los estados pueden desempeñar el informe plantea la «inquietante pregunta» sobre si los desequilibrios institucionales llevarán a España a no aprovechar esta «oportunidad histórica». Además, se plantean después los posibles usos y abusos que los sistemas de indicadores de calidad institucional pueden entrañar, elaborados por diversas entidades internacionales, clave para el avance de los estudios empíricos en esta materia.

Por otro lado, también concluye, tras comparar España con otras economías desarrolladas, que las instituciones españolas ocupan una «posición intermedia» muy alejada de la que ocupan los países más avanzados. Concretamente, en ámbitos como el sistema judicial, la calidad regulatoria y las inercias burocráticas la comparación es aún peor: en estos importantes aspectos la idea de fallo institucional cobra más importancia, al ocupar España posiciones muy rezagadas en Europa y en el conjunto mundial.