Los sindicatos presionan para derogar el factor de sostenibilidad

La Fiscalía Europea investiga un fraude de IVA de 70 millones de euros en cinco países
14 junio, 2021
El Ejecutivo pone en marcha el fondo de recapitalización de pymes
16 junio, 2021
Ver todas las noticias >

El acuerdo para la reforma de pensiones en la mesa de diálogo social está encontrando ciertos obstáculos para cerrarlo definitivamente en las exigencias de patronal y sindicatos sobre el plan de medidas concretas propuesto por el Gobierno. Es el caso de la derogación del factor de sostenibilidad aprobado por el PP en 2013, y que está en suspenso hasta 2023. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha comprometido a su eliminación durante el próximo año, incluyéndolo como parte del segundo paquete de medidas de la reforma, pero los sindicatos tensan la cuerda para que esta derogación se haga ya efectiva en la aprobación del primer paquete de medidas. Es decir, en este mismo 2021.

Por el momento, se trata de una cuestión con un elevado componente de formalidad ya que la derogación por parte del Gobierno de este factor de sostenibilidad es un compromiso recogido en el calendario de actuaciones de la reforma de pensiones. Sin embargo, esta eliminación es fundamental para poder concluir que el Gobierno ha derogado de facto la reforma de pensiones de 2013 del PP, que además es uno de los compromisos de la coalición de PSOE y UP. Y, por ello, aunque no se avance en los aspectos concretos de lo que será el nuevo factor de equidad intergeneracional hasta el próximo año, los sindicatos sí que están presionando para que la ley quede revocada desde este momento, y no en suspenso hasta 2023.

Por un lado, los sindicatos tratan de asegurar con esta prebenda que la ley del facto de sostenibilidad salga del tablero de las pensiones definitivamente, y alejar la incertidumbre sobre la suerte que correría este aspecto de la reforma si debiera ser culminado por un Gobierno de diferente signo. Sin embargo, por otro lado, la exigencia de los sindicatos hace que un acuerdo que parecía ya cerrado hace semanas -incluso con declaraciones del líder de CCOO, Unai Sordo, y del propio ministro Escrivá en sede parlamentaria en esta dirección- esté aún en el limbo de los plazos y que pueda provocar el retraso del acuerdo definitivo en la mesa de diálogo social y, por ende, de su aprobación en el Consejo de Ministros y posterior votación en el Pleno del Congreso.

El otro gran punto que en estos momentos traba la conclusión de la primera tanda de negociaciones para la reforma de pensiones es el de la reforma del sistema de cotización de los autónomos, que transitará a un modelo de aportación en base a los ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia. La intención del Ejecutivo era incluir en este primer acuerdo el armazón del futuro Reta, si bien es uno de los puntos en los que ha tenido que ceder el Ejecutivo, esta vez con la parte de la patronal, para poder agilizar la negociación y dar salida en este mes de julio a los dos primeros puntos de la reforma: la vinculación de la revalorización de las pensiones con el IPC y la reforma de las jubilaciones anticipadas.

Precisamente, sobre este último aspecto también existen aún diferencias con los representantes de los empresarios sobre la intención del Gobierno de eliminar los convenios colectivos de jubilación forzosa en las empresas. Para evitar las salidas del mercado laboral de manera involuntaria al menos hasta un año después de la edad legal de jubilación.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies