Los hombres de negro exigen justificar el beneficio de derogar la reforma laboral

La ley de la vivienda pone en jaque la inversión en alquiler residencial
7 octubre, 2021
El Gobierno incrementará el presupuesto del Ministerio de Justicia en un 11,6%
8 octubre, 2021
Ver todas las noticias >

La delegación de la Comisión Europea para controlar sobre el terreno la implementación de reformas y proyectos del Plan de Recuperación ya está en España en un viaje de dos días en el que se va a monitorizar las reformas implementadas hasta el 30 de junio y, sobre todo, las comprometidas hasta 31 de diciembre, el núcleo central del Plan, en el que se sitúan la reforma laboral y la de las pensiones, de cuyo éxito según los estándares de Bruselas depende el pago de 10.000 millones en la segunda parte del año. En este sentido, los evaluadores comunitarios exigen un informe ex ante que justifique detalladamente los beneficios de la derogación de la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy. A su vez, buscan concreción sobre la alternativa que va a plantear el Gobierno tras la supresión del factor de sostenibilidad en las pensiones.

Preocupa especialmente a la Comisión Europea, como muestra un documento de trabajo sobre el Plan de Recuperación español al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, la reforma laboral y los constantes anuncios del Gobierno de Pedro Sánchez, espoleados por el ala de Podemos, de la inminente derogación de la reforma del PP de 2012. Bruselas está inquieta por la falta de detalles que les están proporcionando el Ejecutivo español y por lo tanto reclama que «la reforma debe acompañarse de un informe ex ante de los defectos del sistema vigente de negociación colectiva» que se quieren enmendar.

En este sentido, señala que en su último informe sobre España ha recordado «la necesidad de preservar los elementos de la reforma laboral de 2012-2013 que se reconoce que han jugado un papel en la promoción de una recuperación económica rica en la creación de puestos de trabajo que empezó en 2014». En este punto, Bruselas destaca que la reforma del mercado de trabajo comprometida en el Plan de Recuperación «se espera que apoye la competitividad y la creación de empleo, sobre todo asegurando que las empresas pueden ajustarse rápidamente a la evolución económica y que los salarios respondan al incremento de la productividad en el medio plazo».

A continuación, el informe advierte de que «todas las reformas deben completarse con pleno respeto al diálogo social para asegurar el mayor consenso y serán parte de un enfoque integral en el que se equilibre la necesidad de flexibilidad y seguridad en el mercado de trabajo». Un escenario muy alejado de los anuncios y los borradores en que trabaja el Gobierno y que provocaron un plante de CEOE este verano, cuando advirtió de que se trata de una reforma «ideológica» y marxista. CEOE lanzó un comunicado incendiario donde advertía de la postura «ideológica» y «sin fundamento económico», marcada por un pacto de gobierno que a la patronal no le obliga, y contraria a las directrices de la Comisión Europea, con lo que alertó de que «pone en riesgo la recepción de los fondos europeos».

De hecho, CEOE envió a Bruselas su reforma laboral con el fin de neutralizar la del Gobierno. Asimismo, afeó al Gobierno su ataque a la empresa en la reforma de la temporalidad, en lugar de luchar contra la contratación «irregular» y contra el paro juvenil e ir contra la «estacional» y propia de determinadas actividades. CEOE ve «soluciones intervencionistas insólitas en el siglo XXI por ajenas a la participación activa de los trabajadores y el uso excesivo del reglamento en vez de la negociación colectiva». La patronal avisa de que se alteran las reglas de salida, «en un ejercicio de cinismo, que debilita la capacidad de adaptación del sector privado frente a las soluciones otorgadas al sector público». Se trata, subraya, de una «propuesta regresiva e intervencionista, restando capacidad a la negociación colectiva».

En cuanto a las pensiones, el Gobierno se ha comprometido a hacer una reforma para el «mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal de jubilación» antes de 31 de diciembre. En el cóctel de medidas que se ha aprobado como primer tramo y que tramitará el Congreso, se encuentra su vinculación con el IPC, las iniciativas para aumentar la edad efectiva de jubilación y acercarla a la legal y la separación de fuentes de financiación.

El Ejecutivo ha anunciado la derogación del factor de sostenibilidad que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, que ajustaba las jubilaciones a la esperanza de vida, y plantea incluir la inclusión del nuevo factor de equidad intergeneracional. Fuera del polémico anuncio a principios de julio del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que dijo que mediante el nuevo factor de equidad intergeneracional la generación de baby boomers cargará con un ajuste en su pensión, que fue inmediatamente descartado, no hay concreción. Salvo la negociación con los agentes sociales y el intento del Ejecutivo de introducir una enmienda en el Congreso que logre la cuadratura del círculo: contentar a sus socios y a Bruselas.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies